Expediente · cierre el 25 de octubre de 2026
No es un enfado: es un método para seguir en La Moncloa aunque haya que reescribir la ley, colonizar los contrapesos o negar las sentencias. Lee el resumen en 60 segundos o el expediente entero. Y vota como si el último escaño de tu provincia fuera el de la investidura. Puede serlo.
Cada punto lleva sus fuentes: sentencias, autos, BOE y prensa.
01 · La tesis
Sánchez no se ha sostenido ocho años con un programa, sino con una técnica: cuando el cargo peligra, se mueve la ley, la institución o la palabra dada. Cada caso es un síntoma; el patrón es el argumento. Aquí solo hay hechos con nombre, fecha y resolución.
A Sánchez lo sostienen el PSOE, Sumar y quien cobra peaje por el sí: independentistas, Bildu y un PNV que no es de izquierdas pero vota como si lo fuera. No es un bloque ideológico: es un bloque de investidura. Se le gana restándole escaños, no discutiéndole el alma.
«No es no». Luego indultos, «el último gesto». Luego un Código Penal reescrito. Luego la amnistía que en campaña era inconstitucional. Luego la financiación singular. Cada paso se vendió como el último. Ninguno lo fue: el objetivo era llegar al siguiente pleno.
Si la causa es del ministro, es una manzana podrida. Si es del secretario de Organización, actuaba solo. Si es de la esposa o del hermano, es la familia, no el cargo. Si es del fiscal general, un error personal. El método consiste en que no sumes. Este expediente suma.
02 · 23J · decretos · 29N
El PP ganó el 23J en votos y escaños. Sánchez gobernó con los perdedores a los que había llamado frontera moral. El 29N se vota si esa suma se repite.
Quien quedó segundo armó mayoría con quien prometió no necesitar. Es legal y es ilegible. No es un golpe: es la prueba de que el programa era papel y la aritmética, el único programa.
Una carta a la ciudadanía, cinco días de reflexión y la insinuación de una dimisión. Volvió sin dimitir y con una ofensiva contra jueces, prensa y oposición. El cargo no se suelta: se teatraliza.
Cuando el Congreso no acompaña, se legisla por real decreto-ley. La urgencia extraordinaria que exige la Constitución se volvió rutina. Gobernar por atajo y exigir luego disciplina para convalidar es despreciar al Parlamento.
Desde 2023, presupuestos prorrogados: no hubo mayoría para aprobar unas cuentas. Sí la hubo para negociar sin fin amnistía, lenguas, inmigración, Rodalies, deuda y financiación. No había proyecto de país. Había concesiones para no perder votaciones.
La disolución dejó a medias la financiación singular y una quita de deuda de más de 83.000 millones, 17.104 solo para Cataluña. Y llegó con su mujer ya enviada a juicio. Que fuera una huida judicial es una hipótesis; el calendario es un hecho. Si el bloque suma, esas carpetas vuelven al día siguiente.
03 · Código Penal a medida
Se puede discutir el IRPF toda la vida. Esto no: o el Código Penal es igual para todos o no hay Estado de derecho. Sánchez eligió el escaño.
En junio de 2021 indultó a los condenados del procés. Iba a pacificar. Lo que demostró es que la pena de los socios era negociable y que la siguiente petición saldría más cara. Salió.
La reforma de 2022 eliminó la sedición y rebajó la malversación «sin ánimo de lucro». A medida de quien la exigía para negociar. El daño es para todos: abaratar la malversación alivia la corrupción política en general, no solo al independentismo.
En la campaña del 23J la amnistía no estaba en el programa y el presidente la creía inconstitucional. Tras el recuento era la llave de Junts, y se aprobó. No fue un cambio de opinión: la línea roja duraba lo que tardaba en hacer falta un voto.
La Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, puso reparos a la tramitación, a la generalidad y a la seguridad jurídica de la amnistía. El Constitucional la avaló en lo esencial en 2025. Ser constitucional no la convierte en otra cosa: fue el precio de una investidura.
Indultos, Código Penal y amnistía no compraron lealtad. Compraron la carpeta siguiente: financiación singular, infraestructuras, inmigración, «acuerdos políticos». Quien crea que el próximo peaje será el último no ha leído los anteriores.
04 · El precio de la suma
El bloque de investidura tiene nombres y cada sí tuvo un precio. El 29N se le vota a favor, en contra o, sin querer, regalándole el último escaño.
Durante años la estabilidad del Gobierno dependió del expresidente de la Generalitat huido, fuera del alcance de la justicia, y de una amnistía pensada para desactivarlo. Junts rompió en octubre de 2025, pero la legislatura entera se construyó sobre ese sí. El Estado aceptó que su continuidad la firmara quien huyó para no ser juzgado.
El pacto con ERC iba hacia una financiación propia para Cataluña y hacia que el Estado asumiera 17.104 millones de su deuda. Para disimular el privilegio, la quita se extendió a todas: más de 83.000 millones. La disolución lo congeló, no lo enterró. Quien no se sentó a esa mesa la paga.
La reinserción de quien cumplió condena cabe en un Estado de derecho. Que esas siglas sean la bisagra del Gobierno es otra cosa. Investidura y leyes pasaron por Bildu tras años llamándolo frontera irrenunciable. El fin de la dispersión de los presos de ETA fue parte de la misma moneda.
Pactó con Junts ceder a la Generalitat competencias de inmigración mientras predicaba fronteras abiertas. El Congreso lo tumbó el 23 de septiembre de 2025, con PP, Vox y Podemos en contra. Ni una política de entradas y retornos igual para toda España, ni el valor de defenderla igual en Barcelona que en Valencia.
Mayo de 2021: unas 10.000 personas entran en Ceuta cuando Marruecos afloja el control, tras acoger España al líder del Polisario. Marzo de 2022: Sánchez gira por carta décadas de posición sobre el Sáhara. Argelia rompe el tratado de amistad. Política exterior de despacho, sin pasar por las Cortes.
Traducción en el Congreso como símbolo, las cercanías como prenda y una mesa de partidos en lugar del Parlamento. Nada es gratis: se descuenta de la igualdad de quien no tiene un socio con siete escaños decisivos.
05 · Tribunal Supremo · 2026
Ya no son tramas «que salpican». En junio de 2026 el Supremo condenó, por unanimidad, y en octubre rechazó anular la sentencia. Cabe amparo; no cabe volver a hablar de sospechas.
Exministro de Transportes y número tres del PSOE. Condenado por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en las mascarillas de la pandemia. Era el hombre de confianza del presidente. En 2020 ya había recibido en Barajas a la vicepresidenta de Maduro, que tenía vetada la entrada en la UE.
La sentencia sitúa al asesor del exministro en el centro de la organización, no en los márgenes. Quien lo llamaba «un acompañante incómodo» tiene el fallo en contra. El amparo discute garantías; no borra los hechos probados.
El empresario conseguidor: cuatro años y medio, suspendidos por colaborar con la justicia. Enlaza con otras causas abiertas: obra pública e hidrocarburos. Una parte de la trama ya tiene pena. Las demás no son inventos por ir un año por detrás.
Transportes es el ministerio de la trama condenada y el de Adif. Eso no prueba nada sobre ninguna tragedia posterior. Sí impide pedir confianza ciega en cómo se adjudica y se conserva lo que es de todos.
06 · Lo que el juzgado todavía no ha cerrado
Una investigación no es una condena, y esta página no las confunde. Tampoco es humo. Esto es lo que sigue vivo en los juzgados, con el estado de cada causa.
El exsecretario de Organización, el que mandaba en el PSOE por dentro, pasó cinco meses en prisión provisional en 2025 y sigue investigado por presuntas comisiones en obra pública. En octubre de 2026, según la prensa, una gran constructora admitió ante el juez casi dos millones pagados a una empresa vinculada a él por una obra de la etapa del exministro. Es presunto. Pero el partido no es víctima del ministro: su número tres está en la causa.
Una pieza aparte investiga pagos en metálico del PSOE al entorno del exministro y de su asesor. Anticorrupción dice que el mapa del dinero aún no está completo. Hasta que lo esté, nadie serio escribe «caja B probada». Hasta que se archive, nadie serio escribe «invento».
En septiembre de 2026 el juez instructor envió a la esposa del presidente a juicio con jurado por presuntos tráfico de influencias y malversación: la cátedra, las cartas de recomendación, los contratistas. La Fiscalía pidió absolverla; la acusación popular pide trece años. Es presunta inocente hasta que hable el jurado. Pero «es fango» no vale: el fango no abre juicio oral.
Un expresidente socialista del Gobierno está imputado desde mayo de 2026 en la causa del rescate de Plus Ultra. Según la prensa, se investiga una presunta comisión de unos 530.000 euros y pagos a la agencia de sus hijas. En su despacho aparecieron joyas tasadas en 1,32 millones; el juez investiga un presunto delito fiscal y de contrabando porque su origen «no está justificado». Su defensa dice que fueron un regalo saudí de 2007. Imputado no es condenado. Pero el gran avalista de Sánchez tiene que explicar un millón en joyas en su caja fuerte.
El presunto fraude de IVA en carburantes, con el mismo conseguidor, supera según la UCO los 180 millones. El mecanismo investigado es simple: empresas que venden combustible y desaparecen sin pagar el IVA. Lo pagan los que sí declaran. Justo lo contrario del discurso de que «los ricos no contribuyen».
Un exdiputado socialista presuntamente cobraba a empresarios a cambio de trato en subvenciones e inspecciones. La jueza ha abierto juicio oral contra catorce personas y la Fiscalía pide hasta trece años. No es la trama de las mascarillas, y por eso importa: no hubo una sola manzana podrida.
La Audiencia Nacional investiga una presunta red, coordinada según la UCO por el exsecretario de Organización, para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y agentes que investigaban al PSOE. Una exmilitante socialista, señalada como coordinadora, fue detenida en diciembre de 2025 por presuntas comisiones en la SEPI. También está imputado un exjefe de gabinete de Sánchez. Si se confirma, el partido no se defendía: atacaba a quien lo investigaba.
Plus Ultra recibió 53 millones de la SEPI en 2021 sin ser estratégica y con accionistas ligados a Venezuela; hoy es la causa del expresidente. Air Europa recibió 475 millones y apareció después en la causa de la esposa del presidente. Se pedía esfuerzo a los autónomos mientras la SEPI elegía supervivientes.
07 · Entorno
Llegó en 2018 prometiendo limpieza. El nepotismo no es un cotilleo: es tratar el cargo público como una extensión de la casa.
En julio de 2026 la Audiencia de Badajoz condenó al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación por prevaricación: un puesto «creado de forma espuria». Al expresidente socialista de la Diputación, a dieciocho. La Fiscalía pedía absolver y el tribunal no la siguió. Recurrida, no firme: presunto inocente hasta que se confirme. Pero la condena existe.
La sentencia dejó la devolución de los sueldos a la vía contable. El Tribunal de Cuentas ha pasado a enjuiciamiento la reclamación: 340.572 euros cobrados por el hermano del presidente y 86.988 por un amigo suyo contratado después. Aún no es un procedimiento. Pero si hay perjudicado, eres tú.
La moción de censura se ganó con una palabra: limpieza. Ocho años después, ante el hermano condenado, la esposa a juicio y el ministro sentenciado, la palabra es «persecución». Se puede ganar con la ética y gobernar con la excepción. No se puede pedir que no se note.
08 · Contrapesos
Colonizar no es solo colocar amigos. Es que, cuando llegue la causa, la duda ya esté instalada en quien debía despejarla. Y si no basta, llamarlo lawfare.
En noviembre de 2025 el Supremo condenó al fiscal general del Estado por revelar secretos: el correo del abogado de la pareja de una presidenta autonómica del PP. Dos años de inhabilitación. Dimitió. El primer fiscal general condenado lo fue por usar información reservada contra el entorno de la oposición.
Una ministra de Justicia de Sánchez pasó directamente a fiscal general. Su sucesor fue su mano derecha, hoy condenado. Quien elige al jefe de los fiscales en su propia casa no puede esperar que se crea en su independencia.
El Constitucional, presidido por quien fue fiscal general con un Gobierno socialista. El CIS, con un militante socialista y un sesgo que todo el mundo descuenta. RTVE, de reparto. El Banco de España, para un ministro del propio Gobierno. Uno a uno, legales. Todos juntos, una captura: dejan de frenar.
El relato oficial convirtió los informes de la UCO y los autos incómodos en persecución. La UCO depende del Ministerio del Interior de este Gobierno. Los hechos del exministro los dio por probados el Supremo. Gritar lawfare no defiende a un inocente: enseña a no leer la sentencia.
En enero de 2025 el PSOE registró una ley para limitar la acusación popular, la vía que sostiene causas de corrupción cuando la Fiscalía no empuja, con efectos sobre los casos abiertos. La prensa la llamó por el nombre de pila de la esposa del presidente. Regenerar habría empezado por no colonizar; esto empezaba por callar a quien mira.
En julio de 2024 la Abogacía del Estado se querelló, en nombre del presidente, contra el juez que investigaba a su mujer. El TSJ de Madrid la inadmitió por unanimidad. El contribuyente no paga el abogado de la familia del presidente.
En junio de 2022, días después de que la vicepresidenta económica cuestionara el PIB del INE, dimitió su presidente. Con el CIS, la estadística propia se exhibe. Con el INE, la independiente se discute. Una economía seria no elige sus termómetros.
09 · Lo que no tiene remedio en diferido
Gestionar mal la energía, el tren, la emergencia y la frontera tiene víctimas con nombre. Y culpar al presidente de lo que es autonómico regala el debate: aquí no se hace.
El Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma: el instrumento era otro. Se gobernó citando un comité de expertos que, reconoció el propio Gobierno, no existía. Y sobre esa emergencia se montó la trama de mascarillas ya condenada. Excepción, opacidad y, al final, cohecho.
Más de doscientos muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024. La emergencia la dirigía la Generalitat; el Estado tenía AEMET, la confederación hidrográfica y la UME. Cargarle todo a Sánchez no es serio. Lo que sí aguanta: lentitud, reproches cruzados y ayudas anunciadas antes de poder pagarse.
Cuarenta y seis muertos en el primer choque de trenes de la alta velocidad española. La investigación apunta a una rotura de la vía en una soldadura. La vía es de Adif, del Ministerio de Transportes, y los maquinistas habían avisado en agosto de un «desgaste severo». Pedir responsabilidades no es dictar sentencia.
Sesenta millones de personas sin luz. El informe europeo habla de fallos de control de tensión y desconexiones en cadena, sin un único culpable. La pregunta política sigue abierta: quién llevó la red a tanta renovable y tan poco respaldo, quién hizo bandera del cierre nuclear y quién pasó el día buscando culpables fuera del Gobierno.
Ceuta en 2021. Récord de llegadas a Canarias en 2024: 46.843. Pocas devoluciones, acogida desbordada y un pacto opaco con Marruecos como única herramienta. Una política seria es entrada legal, retorno de quien no tiene derecho y mismas reglas en toda España. No hubo ninguna de las tres.
Volcán, riada, accidente, sequía: siempre igual. Rueda de prensa, decreto de ayudas y meses de formularios. La solidaridad de titular no paga la casa que se ha perdido.
10 · Perspectiva liberal
España crece más que la eurozona y la afiliación bate récords. Es media verdad. La otra mitad es la que pagas tú: crecer en gente y en gasto no es prosperar.
Hacienda bate récords de ingresos; la sanidad, la vivienda y los trenes no siguen esa curva. Las listas de espera son autonómicas. El marco no: más impuestos, más deuda, más gasto fijo. Y un ciudadano que paga dos veces, en el impuesto y en el seguro privado al que acaba huyendo.
El PIB sube con la población. El PIB por habitante, mucho menos. Buena parte del impulso es inmigración: más gente produce más, no necesariamente más por persona. Presumir de lo primero y callar lo segundo es el truco estadístico de la legislatura.
Con empleo al alza y tipos que ya no son cero, tocaba bajar la deuda. Se consolidó gasto. La factura es para quien hoy cotiza y aún no vota, o vota y aún alquila.
Subir las pensiones con el IPC es popular y, sin más reformas, insuficiente. La AIReF avisa: la regla se cumple sobre el papel, pero no garantiza la sostenibilidad. «Las pensiones se pagan» esconde quién las paga: cotizaciones más altas, impuestos y deuda.
No ajustar el IRPF a la inflación es subir impuestos sin votarlo. Tu sueldo sube para no perder poder de compra, cambias de tramo y pagas más. Miles de millones al año, y castiga más a las rentas bajas. Es el impuesto favorito de quien presume de no subirlos.
El impuesto a las grandes fortunas se creó para anular la bonificación del patrimonio en Madrid y Andalucía. El Constitucional lo avaló, con cuatro votos en contra. No es un ajuste técnico: es impedir que una comunidad demuestre que bajar impuestos no arruina a nadie.
Los gravámenes «temporales» a banca y energéticas se prorrogan una y otra vez: España es la única gran economía de la UE que los mantiene. El inversor ya sabe que aquí «temporal» significa «hasta que haga falta». La incertidumbre es un impuesto invisible.
La ley de vivienda de 2023 trata al pequeño casero como el problema. Donde más se aplicó el tope, en Cataluña, la oferta se hundió: en Barcelona cayó un 13 % en un año mientras en Madrid subía un 8 %. Resultado: más difícil emanciparse y más gente pendiente del próximo anuncio.
Si recuperar una vivienda ocupada tarda meses o años, no se protege al vulnerable: se premia el hecho consumado. Sin seguridad para el propietario nadie pone un piso en alquiler, y todos los planes de vivienda son literatura.
La cuota por ingresos reales, desde 2023, subió la factura a buena parte de los autónomos. Más normas, más anticipos, más inspección. La pyme no tiene a nadie que le avise del decreto del viernes.
Bajó la temporalidad, sí. Pero se disparó el fijo discontinuo, y el inactivo no cuenta como parado: más de 443.000 a finales de 2022, según el propio Gobierno. El paro oficial mejora más rápido que la estabilidad real.
Buena parte del empleo nuevo es público. El récord de afiliación incluye al Estado poniéndose nóminas. El empleo que no depende del presupuesto es el que distingue una economía de una administración.
Más horas y más gente, con la productividad casi parada: el PIB por hora trabajada creció un 0,6 % al año entre 2022 y 2025. Llegaron fondos europeos récord y no se notan en esa cifra. Sin productividad no hay subidas de sueldo sanas ni Estado del bienestar sin deuda.
Se predica austeridad desde más de veinte ministerios, con asesores, publicidad institucional y subvenciones a fundaciones, sindicatos y ONG afines. El gasto político es el único que nunca está en zona tensionada.
11 · No basta con un apellido
El método necesita socios: coalición, investidura y un debate que trata cualquier objeción como delito moral. El 29N no se vota un carácter. Se vota si esa suma vuelve a dar.
Más de un millar de rebajas de pena y más de cien excarcelaciones de agresores sexuales, según el CGPJ, por una ley mal hecha cuyos efectos los jueces habían anticipado. Hubo que reformarla. Nadie dimitió. La consigna primero, el Código después, la víctima en medio.
Topes al alquiler, impuestos a los «beneficios caídos del cielo», escasez administrada. Sumar no es un adorno del PSOE: empuja cada intervención que luego el presidente vende como sentido común. Quien vota al bloque vota ese reflejo, aunque en el cartel salga una sola cara.
Podemos y Sumar se sentaron en el Consejo de Ministros que aprobó el solo sí es sí, la ley de vivienda y los indultos. Su causa judicial más sonada, el caso Neurona, acabó archivada, y lo decimos. Su responsabilidad política no se archiva: no se puede votar contra la trama de las mascarillas y a favor de quienes sostuvieron a aquel Gobierno.
Llamar fascista a media España no es un exceso de mitin. Es la coartada para no contestar ni un punto de este expediente. Un país no cabe detrás de un muro. Una investidura sí: por eso lo levantan.
Los ERE de Andalucía, el mayor fraude de ayudas juzgado en democracia, acabaron con dos expresidentes socialistas de la Junta condenados por el Supremo. En 2024 el Constitucional, por siete votos a cuatro y con mayoría progresista, tumbó en parte esas condenas a favor de la cúpula del partido del Gobierno. No limpia el caso: confirma el capítulo de los contrapesos. Sánchez no inventó la impunidad. Le dio tribunal.
12 · Lo que te van a contestar
Un argumento que no aguanta la réplica es una consigna. Estas son las seis respuestas que vas a oír, y por qué no cierran el expediente.
«La economía española no va como una moto, va como un cohete», dijo en mayo de 2024. El cohete es el PIB total y la afiliación. La renta por persona, la productividad, la vivienda y los impuestos cuentan otra historia. Un cohete donde el pasajero no gana sitio es un titular, no un éxito.
Gobierna desde junio de 2018: pandemia, guerra, dos investiduras y años de crecimiento. El exministro condenado era su ministro. El fiscal condenado, su fiscal. La amnistía lleva su firma. La herencia no firma en el BOE.
El Supremo condenó al fiscal general y al ministro. La UCO depende de Interior. A los jueces no los nombra la oposición. Llamar complot a todo lo incómodo es justo la estrategia que se investiga en la causa de la fontanera.
La corrupción del PP no absuelve la del PSOE. Quien llegó prometiendo acabar con esa época y termina con su ministro condenado y su número tres investigado no ofrece empate. Ofrece reincidencia, después del sermón.
Pactar es legítimo. Pactar lo que juraste inconstitucional y pagarlo con la igualdad ante la ley es otra cosa. La democracia no obliga a tragar el peaje. Permite echar, en las urnas, a quien lo cobra.
Su mujer, enviada a juicio. Su hermano, condenado en primera instancia y recurrido. En los dos casos la Fiscalía pidió absolver y un juez vio otra cosa. Quien dice «fango» te pide que no leas ni el auto ni la sentencia. Léelos. Y no adelantes un fallo que aún no existe.
29 de noviembre
En el Congreso, no partas el voto por debajo del último cociente de tu provincia. En el Senado, las tres cruces al mismo partido: el que puede negar la mayoría al bloque. La urna es el único trámite que esta mayoría todavía no ha podido reformar a medida.
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